Este informe, elaborado por los catedráticos Jesús Lahera y J. Ignacio Conde-Ruiz, analiza el Proyecto de Ley del Gobierno español que plantea una reducción legal de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, así como cambios sustanciales en el registro horario y el derecho a la desconexión digital.
Los autores consideran que, si bien los objetivos del proyecto son legítimos, la forma de implementación propuesta es excesivamente intervencionista, rígida y sin el respaldo de los interlocutores sociales. Alertan sobre riesgos en términos de competitividad, empleo y seguridad jurídica, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Señalan las deficiencias del texto legislativo y proponen 19 medidas concretas de mejora, distribuidas en tres bloques: jornada laboral (flexibilización, entrada en vigor gradual y respeto a la negociación colectiva), registro horario (digitalización razonable, apoyo a PYMES y protección de datos), y desconexión digital (reconocimiento de protocolos empresariales y mayor adaptabilidad). El enfoque defiende una transición pactada, flexible y basada en la realidad sectorial, frente a una imposición normativa uniforme.