Este análisis resalta la importancia de reformar los incentivos fiscales para impulsar la inversión en I+D+I, contribuyendo así al crecimiento sostenible y la competitividad de las empresas españolas en un contexto global.
España enfrenta desafíos significativos. En 2022, la inversión privada en investigación y desarrollo fue solo del 0,8% del PIB, muy por debajo del promedio de la UE (1,5%). Esta disparidad se debe en parte a problemas en el proceso de solicitud de incentivos y a restricciones legales que generan incertidumbre, limitando así la efectividad de los beneficios fiscales.
Para abordar estas cuestiones, la Comisión de Investigación e Innovación de la Cámara ha propuesto diversas medidas que buscan fortalecer el marco fiscal y financiero de la I+D+i en España. Entre las problemáticas identificadas se destacan la necesidad de mejorar la aplicación de deducciones fiscales, la tributación mínima global y las limitaciones en las bonificaciones al personal investigador.