El informe muestra que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de la Unión Europea, con un 29.2% frente al 19.3% de la media europea. A pesar de la mejora económica general, la pobreza infantil sigue siendo un desafío persistente, exacerbado por la falta de políticas familiares adecuadas y un sistema de vivienda insuficiente. La brecha generacional es especialmente alarmante, con un riesgo de pobreza o exclusión para los menores que supera en más de 10 puntos al de los adultos, lo que refleja una falta de enfoque redistributivo en las políticas públicas.
El análisis también señala que los hogares monoparentales, especialmente aquellos encabezados por mujeres, enfrentan una mayor vulnerabilidad. A la par, la educación de los progenitores juega un papel crucial en la perpetuación de la pobreza, aunque en España, incluso los hijos de padres con educación terciaria experimentan tasas de pobreza infantil elevadas. Las propuestas de política incluyen una reestructuración de las prestaciones sociales, la ampliación de la vivienda asequible, y el fortalecimiento de las políticas de empleo para padres y madres. La pobreza infantil es un reto social y un obstáculo para el crecimiento económico sostenible de España.