El texto repasa el origen del Pacto de Toledo, creado en 1995 para afrontar los desequilibrios del sistema de Seguridad Social en un contexto de fuerte expansión del gasto social y creciente déficit público. Su objetivo inicial fue ordenar la financiación del sistema, reforzar su sostenibilidad y mutualizar las decisiones difíciles mediante quince recomendaciones centradas en separar fuentes de financiación, constituir reservas y mejorar la contributividad del sistema.
El último acuerdo de 2020, aunque mantiene la estructura general de recomendaciones, refleja un cambio profundo en las prioridades: se apuesta por preservar el poder adquisitivo y mantener una de las tasas de reposición más altas de Europa, lo que incrementará el gasto en pensiones entre 3,5 y 5,5 puntos de PIB en 2050.